Una denuncia desformalizada por presuntas donaciones millonarias involucra al obispo Eduardo Durán y a la expresidenta Michelle Bachelet. A siete años sin formalización, la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo, mientras el caso reabre un debate jurídico, político y religioso de alto impacto público.
Donaciones millonarias, fe y poder: el caso Durán que vuelve a incomodar a Bachelet
El origen de la denuncia y su irrupción mediática
Entre los años 2018 y 2021, diversos medios de prensa escritos y televisivos dieron a conocer hechos y situaciones calificadas como irregulares en torno a la figura del Eduardo Durán Castro, obispo vitalicio y pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile.
Por Editorial The Reporter
Los antecedentes se originaron tras la filtración interna, desde la propia entidad religiosa, de una denuncia desformalizada presentada siete años antes ante el entonces fiscal Carlos Gajardo Pinto, por el procurador Nicolás Retamales Vergara, y contenida en la carpeta investigativa RUC 1700973548-8.
La acusación por presuntas donaciones millonarias
De acuerdo con el relato contenido en dicha carpeta, se denunciaba que entre los años 2006 y 2009, la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet habría donado al obispo Durán una suma cercana a $2.500 millones.
El denunciante sostuvo ante el Ministerio Público que esta información le constaba por referencias directas provenientes del obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Los Andes, Mario Salfate Chacana, según declaración prestada ante el fiscal Gajardo.
Adquisición de bienes y diligencias investigativas
Propiedades cuestionadas
Según la denuncia, y conforme a declaraciones prestadas ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) —a través de su Brigada de Lavado de Activos—, el obispo Durán habría utilizado los fondos para:
- Septiembre de 2006: adquirir una propiedad de varias hectáreas en Isla de Maipo, pocos meses después del inicio del primer mandato presidencial de Bachelet.
- Año 2009: adquirir una segunda propiedad tasada en cerca de 9.000 UF.
Hasta la fecha, ninguno de los fiscales intervinientes ha formalizado cargos ni contra la exmandataria ni contra el líder religioso.
Expulsión eclesiástica y controversia estatutaria
Una destitución cuestionada
Pese a la inexistencia de formalización penal, Eduardo Durán fue expulsado de su cargo eclesiástico el 9 de mayo de 2019, en Chillán Viejo, invocándose una supuesta “inhabilidad sobreviniente”.
Sin embargo, según la defensa, dicha causal no se encuentra contemplada ni en los Estatutos Eclesiásticos ni en su Reglamento Interno. Ante ese vacío normativo, los comparecientes habrían recurrido a una interpretación bíblica, citando la Primera Epístola a Timoteo, para fundamentar la decisión.
El acta notarial bajo cuestionamiento judicial
Posteriormente, el 1 de junio de 2019, se firmó un acta repertoriada ante el notario Álvaro González Salinas, en presencia de:
- Un notario que no se encontraba de turno
- Oficiales diáconos previamente destituidos, renunciados o ausentes del país
Este documento se encuentra actualmente judicializado ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, donde la defensa del pastor solicitó una acción de Nulidad de Derecho Público, institución reconocida por la jurisprudencia administrativa y constitucional chilena.
El debate penal y la solicitud de sobreseimiento
Investigación prolongada y plazos legales
La investigación penal se mantiene desformalizada por más de siete años, situación que la defensa fundamenta en los artículos 96 del Código Penal (prescripción) y 186 del Código Procesal Penal, normas que permiten solicitar revisión judicial del estado de la causa.
En este contexto, la defensa del obispo solicitó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo, fundándose en antecedentes reunidos por el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda Araya, y en oficios de la Contraloría General de la República.
El rol de la Contraloría General de la República
La solicitud se apoya en oficios emitidos los días 5 de enero y 22 de marzo de 2022, firmados por Henry Hantsch Salinas y Doris Roa Moraga, respectivamente, que —según la defensa— descartarían la existencia de irregularidades administrativas vinculadas a los fondos denunciados.
De rechazarse el sobreseimiento, el Ministerio Público quedaría obligado a formalizar tanto al supuesto donante como al receptor, fijándose un plazo de investigación formal y oficiándose a órganos de la Administración del Estado.
Alcances políticos y agenda judicial
Desde la perspectiva política, una eventual formalización podría impactar directamente las proyecciones públicas de Michelle Bachelet, particularmente ante eventuales aspiraciones a un tercer mandato presidencial, escenario que ha sido mencionado en análisis políticos recientes.
La audiencia clave en el Centro de Justicia
El 8° Juzgado de Garantía, a la luz de los escritos y antecedentes aportados, fijó la audiencia para el viernes 4 de octubre, a las 09:00 horas, en la Sala 402, Edificio A, del Centro de Justicia de Santiago.
La instancia aparece como un punto de inflexión procesal, capaz de cerrar definitivamente el caso o bien reactivarlo mediante una formalización penal de alto impacto público.
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