Un total de 418 personas reciben actualmente pensiones de gracia sin contar con sentencia judicial que acredite daño por parte del Estado durante el Estallido Social. Los beneficios, que alcanzan hasta $1 millón mensual, fueron aprobados por el Ejecutivo tras un listado elaborado por el INDH, generando una fuerte controversia jurídica y política. Abogados de víctimas de la dictadura acusan discriminación, falta de transparencia y posible vulneración constitucional, cuestionando el uso de fondos públicos sin intervención del Poder Judicial.
Mientras víctimas esperan justicia, 418 personas reciben pensiones de gracia sin sentencia
Nuevos antecedentes revelados a inicios de enero por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, instalaron una fuerte controversia política y jurídica que vuelve a poner bajo presión al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Según información oficial, 418 personas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva legal, fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como víctimas del Estallido Social sin que exista sentencia judicial previa que acredite daño causado por agentes del Estado.
Para numerosas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar —que aún esperan reparación tras décadas de litigios— esta situación ha sido calificada como una afrenta directa al principio de igualdad ante la ley.
Pensiones de gracia bajo la lupa
Las 418 personas incluidas en este listado reciben pensiones de gracia mensuales que fluctúan entre $700.000 y $1.000.000, financiadas con recursos públicos provenientes de la Ley 18.056, Glosa 12, Partida 50, Capítulo 02, Programa 02 de la Ley de Presupuestos 2022, aprobada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Desde agosto de 2022, estos pagos han sido cursados de manera regular, generando un gasto fiscal que asciende a $685 millones de pesos entre agosto y diciembre, proyectando un costo anual cercano a US$ 2,5 millones.
El principio jurídico en disputa
En Chile, la regla general establece que no puede existir indemnización estatal sin sentencia firme y ejecutoriada. Este estándar ha marcado la extensa y compleja lucha judicial de las víctimas de la represión entre 1973 y 1990, cuyos fallos —cuando existen— suelen ser apelados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La diferencia de trato ha reabierto el debate sobre el uso discrecional de las pensiones de gracia y su compatibilidad con un Estado de Derecho.
La solicitud de transparencia que encendió la polémica
El 19 de octubre, la abogada Ruzy Mitrovic López, representante de numerosas víctimas de la dictadura, solicitó formalmente al Ministerio de Justicia:
- Identidad completa de los beneficiarios
- Edad y montos percibidos
- Sentencias judiciales que acreditaran el daño
- Origen exacto de los fondos utilizados
La respuesta, emitida el 14 de noviembre, señaló que el Ministerio no disponía de dichos antecedentes, derivando la responsabilidad al Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior.
La respuesta oficial del Ejecutivo
Posteriormente, desde la Subsecretaría del Interior se confirmó que el INDH elaboró la nómina, la cual fue visada por el Departamento de Acción Social y aprobada directamente por el Presidente de la República.
No obstante, el Gobierno reconoció que:
- No existe sentencia judicial que determine daño efectivo
- Los nombres permanecen en reserva por la Ley 20.285 y la Ley 19.628
- Solo se entregó un archivo Excel con edades y montos, sin identificación personal
Conclusión: una decisión bajo cuestionamiento constitucional
Para la abogada Mitrovic, el uso de recursos públicos sin intervención del Poder Judicial es jurídicamente inaceptable.
“En un Estado de Derecho, cualquier acto que vulnere el artículo 7° de la Constitución es nulo y puede generar responsabilidades administrativas y penales”, afirmó.
El caso, lejos de cerrarse, abre una grieta política, legal y moral que tensiona al Gobierno y reactiva un debate de fondo:
¿Puede el Estado indemnizar sin sentencia judicial cuando otras víctimas llevan décadas esperando justicia?
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