Ley de reajuste desata polémica por “amarre” de funcionarios

La ley de reajuste del sector público, fruto del acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, abrió un nuevo flanco político al ser acusada por la oposición de intentar un “amarre” de funcionarios antes del cambio de mando. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se descartó tajantemente esa interpretación y se llamó a distinguir entre cargos de confianza y funcionarios de carrera.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió la iniciativa señalando que la norma no busca impedir despidos, sino exigir que estos sean debidamente justificados:

“Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el despido de una persona con carrera funcionaria sea un acto debidamente fundado”.

Gobierno marca diferencia entre cargos políticos y funcionarios de carrera

Tras las críticas opositoras —entre ellas las del presidente electo José Antonio Kast—, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que los cargos de exclusiva confianza cesan automáticamente el 11 de marzo.

“El cambio de gobierno implica que quienes ejercen funciones de confianza política concluyen su labor. Eso es evidente y no está en discusión”, sostuvo Elizalde, agregando que la situación es distinta respecto de los funcionarios públicos de carrera, cuya desvinculación debe ajustarse a estándares legales objetivos.

Despidos fundados y control de Contraloría

El proyecto establece que no bastará invocar genéricamente las “necesidades del servicio” para desvincular a un funcionario. En el caso de las contratas, la no renovación deberá materializarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos concretos y fundamentos de derecho, sustentados en criterios objetivos y acreditables.

Grau enfatizó que la mayoría de los trabajadores del Estado provienen de distintas administraciones y no necesariamente comparten la orientación política del gobierno de turno. “Si se produce una desvinculación, esa persona tendrá el derecho de reclamar ante la Contraloría”, explicó.

La ofensiva política y la respuesta de Kast

Desde la oposición, el presidente electo Kast endureció el tono y sostuvo que el debate no se trata de un “amarre” administrativo, sino de un compromiso con el país:

“Ahora tenemos un amarre con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.

Sus declaraciones intensificaron la controversia en torno a la iniciativa, que deberá ser revisada por el Congreso Nacional, donde se anticipa un debate marcado por la tensión entre estabilidad funcionaria y facultades del próximo gobierno.