La Corma alertó sobre incendios catastróficos por residuos forestales en el Bío Bío. La quema controlada no fue autorizada y el riesgo se concretó.
Advertencia ignorada: residuos forestales y la tragedia que anticipó Corma en el Bío Bío
La Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió durante 2025 que el verano siguiente podría traer incendios con consecuencias catastróficas en el Gran Concepción. La razón: más de 4 mil hectáreas con residuos forestales acumulados, equivalentes a un verdadero polvorín en zonas cercanas a áreas urbanas.
En sus proyecciones, la entidad estimó que hasta 30 mil viviendas podrían verse afectadas. Para evitarlo, solicitó autorización excepcional para realizar quemas controladas durante el invierno, petición que nunca fue aprobada. Hoy, el balance supera las 500 viviendas destruidas y 19 víctimas fatales en la región del Bío Bío.
El día en que el fuego se desató
El sábado, cerca de las 17:00 horas, el primer foco se inició en el sector Puente 1 del camino entre Concepción y Florida. Las condiciones climáticas eran extremas: ráfagas de viento de hasta 50 km/h y temperaturas cercanas a los 28°C.
A pocos kilómetros, en predios forestales, se acumulaban residuos vegetales que aceleraron la propagación de las llamas hacia comunas como Penco y Tomé.
Una advertencia formal ignorada
En abril de 2025, Corma expuso la situación ante autoridades regionales, Conaf y secretarías ministeriales. La presentación incluía simulaciones que advertían incendios de gran magnitud si no se aplicaba fuego técnico para reducir la carga de combustible.
El mapeo identificó zonas críticas en Hualqui, Coronel y Tomé, donde la biomasa acumulada superaba los niveles seguros.
Prohibición ambiental y conflicto normativo
El principal obstáculo fue legal. Los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), regulados por los decretos supremos N°4 y N°6 del Ministerio de Medio Ambiente, prohíben el uso del fuego entre abril y septiembre en comunas del Gran Concepción y Los Ángeles.
La norma, vigente desde 2017, busca mejorar la calidad del aire en zonas saturadas, pero limita la aplicación de quemas preventivas incluso en contextos de alto riesgo forestal.
Un plazo insuficiente
Según Corma, el periodo habilitado para quemas era demasiado breve. En 2025, las autorizaciones solo estuvieron vigentes 42 días, entre octubre y noviembre, antes de una nueva prohibición regional.
La corporación sostuvo que ese margen era insuficiente para eliminar residuos acumulados durante seis años, aumentando el riesgo de incendios incontrolables.
Apoyo técnico y advertencias coincidentes
La solicitud de quema controlada contó con respaldo de Conaf, Bomberos de Chile y organizaciones comunitarias. Bomberos alertó que la gran cantidad de biomasa no reducida había alimentado el 32% de los incendios regionales en la última temporada.
También se advirtió que la prohibición podía incentivar quemas ilegales y descontroladas.
Un oficio sin respuesta definitiva
El 19 de mayo de 2025, el delegado presidencial Eduardo Pacheco envió un oficio al subsecretario del Interior solicitando una excepcionalidad normativa. A la fecha, el documento sigue en tramitación, sin aprobación ni rechazo formal.
Desde el Ejecutivo, se ha enfatizado que la gestión de residuos forestales es responsabilidad de las empresas, las que deben modernizar sus procesos, como el uso de chipeadoras, para evitar acumulaciones prolongadas.
Responsabilidades compartidas
Las forestales reconocen que la quema controlada no garantiza evitar incendios, dado que estos dependen de múltiples factores climáticos. Sin embargo, insisten en que la acumulación de residuos incrementó significativamente la magnitud del desastre.
La autoridad, en tanto, sostiene que existían alternativas técnicas dentro del marco normativo vigente y cuestiona la acumulación de desechos durante varios años.
Un debate abierto tras la catástrofe
Hoy, con cientos de viviendas arrasadas, el debate sobre prevención de incendios forestales, normativa ambiental y gestión de residuos vuelve al centro de la discusión pública.
La tragedia del Bío Bío reabre una pregunta clave: ¿cómo equilibrar la protección ambiental con la prevención efectiva de desastres?
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