La declaración del senador Manuel José Ossandón y nuevos antecedentes judiciales revelan chats, reuniones reservadas y decisiones cuestionadas en la investigación por $20 mil millones en La Florida.
$20 mil millones, una reunión “discreta” y contratos: la trama que tensiona a Carter y al exfiscal Guerra
Un testimonio que reabre la discusión
La indagatoria judicial en torno al exfiscal Manuel Guerra incorporó un elemento hasta ahora inédito: la declaración del senador Manuel José Ossandón, quien en octubre de 2024 solicitó investigar un eventual vínculo entre Guerra y Rodolfo Carter.
El parlamentario planteó dudas respecto del cierre de una causa que involucraba más de $20 mil millones en recursos administrados por la Corporación Municipal de La Florida (Comudef), señalando que el proceso “quedó en nada” pese a la magnitud de los montos observados.
Su declaración no solo instaló cuestionamientos sobre la investigación, sino que además motivó nuevas diligencias que aún se mantienen en curso.
Chats, redes de contacto y una reunión reservada
Uno de los antecedentes más sensibles del caso corresponde a conversaciones entre Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla.
En esos intercambios, el exfiscal menciona que sostuvo una reunión “discreta” con Rodolfo Carter en abril de 2018, en momentos en que la investigación sobre la Comudef se encontraba en desarrollo.
El propio Carter confirmó la reunión, indicando que su objetivo fue manifestar reparos por la forma en que la fiscalía había llevado adelante diligencias, particularmente en relación con la solicitud de antecedentes.
Sin embargo, documentación del caso indica que ya existían requerimientos formales previos por parte de la PDI, lo que introduce un elemento de contradicción relevante para el análisis de los hechos.
Correo de la PDI confirma citación a Carter y solicitud de antecedentes el 22 de marzo de 2018
La Decisión de No Perseverar: punto de inflexión
El 17 de agosto de 2020, la Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó a los intervinientes su intención de cerrar la investigación mediante una Decisión de No Perseverar (DNP), la cual fue autorizada por Manuel Guerra.
Este hito se transformó en uno de los principales focos de cuestionamiento, debido a que, según los querellantes, aún existían diligencias pendientes, entre ellas:
- Declaraciones de imputados clave
- Análisis contables incompletos
- Falta de trazabilidad de fondos públicos
Aunque el cierre definitivo de la causa se concretó años después, bajo otra administración regional, la autorización inicial de la DNP por parte de Guerra sigue siendo objeto de escrutinio.
Informes contrapuestos y vacíos contables
El origen de la investigación se remonta a un informe de la Contraloría General de la República de Chile que detectó:
- Un déficit superior a $20 mil millones
- Posibles irregularidades en fondos de educación y salud
- Desorden contable significativo
Posteriormente, un informe de la PDI advirtió que no era posible determinar el destino de ciertos recursos debido a la falta de documentación clave, como cartolas bancarias.
En contraste, un análisis interno de la fiscalía concluyó que no existían transgresiones legales, generando una tensión entre informes técnicos que hasta hoy no ha sido completamente resuelta.
La tesis judicial: “estructura de crédito corruptivo”
En la resolución que decretó prisión preventiva contra Manuel Guerra, el tribunal introdujo el concepto de “estructura de crédito corruptivo”.
Según el juez, este patrón implicaría que decisiones adoptadas en el ejercicio del cargo podrían generar beneficios posteriores, como contrataciones o vínculos laborales.
Aunque esta tesis se aplicó directamente a otros hechos, su lógica ha sido considerada relevante para analizar el conjunto de actuaciones del exfiscal.
Contrataciones posteriores: foco de la controversia
Tras su salida del Ministerio Público en 2021, Manuel Guerra fue contratado en diversas instituciones, entre ellas:
- Universidad San Sebastián
- Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente
- Municipalidad de Providencia
- Municipalidad de La Florida
En este último caso, asumió como “Fiscal de la Gente”, en un proceso que incluyó la declaración desierta de un concurso previo y su posterior nominación directa.
Este punto es especialmente relevante, ya que conecta temporalmente decisiones adoptadas durante su gestión con beneficios laborales posteriores.
Redes y círculo cercano
La investigación también ha considerado la eventual incorporación de personas cercanas a Guerra dentro de la estructura municipal.
Testimonios incluidos en la causa apuntan a contrataciones vinculadas a su entorno profesional, lo que podría ampliar el foco investigativo hacia posibles redes de influencia.
Cronología estructurada del caso
- Febrero 2018: Contraloría remite informe a fiscalía
- Marzo 2018: PDI intenta diligencias en municipalidad
- Abril 2018: reunión entre Guerra y Carter
- Agosto 2020: autorización de DNP
- Agosto 2021: renuncia de Guerra
- Abril 2023: cierre definitivo del caso
- Noviembre 2023: contratación en La Florida
Estado actual: investigación en desarrollo
Actualmente, el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para determinar si existieron vínculos entre decisiones adoptadas en la investigación de la Comudef y beneficios obtenidos con posterioridad.
El caso se mantiene abierto en distintas aristas, tanto por su complejidad técnica como por las implicancias institucionales que podría tener.
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