Gobierno acuerda subir el sueldo mínimo a $553.553 tras negociación en el Congreso

Gobierno acuerda subir el sueldo mínimo a $553.553 tras negociación en el Congreso

El Gobierno ingresó una nueva indicación al proyecto de reajuste del sueldo mínimo, elevando la propuesta original y fijando un nuevo monto de $553.553 para el ingreso mínimo mensual.

La medida fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados con 12 votos a favor y uno en contra, aunque la iniciativa todavía debe continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.

¿Cuánto subiría el sueldo mínimo?

La propuesta original del Ejecutivo contemplaba aumentar el ingreso mínimo desde los actuales $539.000 hasta $546.546, equivalente a un reajuste de 1,4%, cifra alineada con la inflación acumulada durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, tras las negociaciones parlamentarias, el Gobierno presentó una nueva fórmula que eleva el incremento total a $14.553.

De aprobarse definitivamente el proyecto, el sueldo mínimo quedaría en:

$553.553 mensuales

El reajuste representa un aumento de 2,7% respecto del monto vigente.

Gobierno defendió inicialmente una fórmula más acotada

La propuesta original fue ingresada sin acuerdo con la CUT, organización sindical que planteaba un aumento considerablemente mayor y proponía elevar el ingreso mínimo hasta los $647.000.

Desde el Ejecutivo argumentaron inicialmente que un reajuste más moderado respondía al actual escenario económico y al impacto financiero que enfrentarían especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que los costos laborales continuarán aumentando debido a factores como:

• La reforma previsional.
• La reducción de la jornada laboral.
• El aumento de obligaciones empresariales.

Gobierno apunta a mantener el poder adquisitivo

Según explicó el Ejecutivo en el proyecto presentado al Congreso, el reajuste busca principalmente evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.

El documento sostiene que el incremento considera la evolución reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“El objetivo es mantener el poder adquisitivo de las familias”, señala la iniciativa.

Entre los principales objetivos planteados por el Gobierno se encuentran:

• Evitar pérdida de capacidad de compra.
• Ajustar salarios al costo de vida.
• Mantener estabilidad económica de los trabajadores.
• Reducir impactos abruptos en las pymes.

Más del 70% de quienes reciben sueldo mínimo trabajan en pymes

El Ejecutivo advirtió además que el debate posee especial relevancia debido a que una gran parte de quienes perciben el ingreso mínimo trabaja en empresas de menor tamaño.

Según antecedentes citados en el proyecto:

Más del 70% de las personas que reciben sueldo mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas.

Por ello, el Gobierno defendió la necesidad de compatibilizar las demandas salariales con la sostenibilidad económica y el empleo formal.

Conclusión amplia — Análisis económico y político

El reajuste del sueldo mínimo vuelve a instalar uno de los debates económicos y sociales más sensibles dentro de la agenda legislativa chilena: el equilibrio entre protección del ingreso de los trabajadores, inflación y sostenibilidad de las pequeñas empresas.

La decisión del Gobierno de mejorar la propuesta inicial refleja además la presión política y sindical existente en torno al deterioro del poder adquisitivo provocado por el aumento sostenido del costo de vida durante los últimos años.

Aunque el nuevo monto continúa lejos de las aspiraciones planteadas por la CUT, el incremento aprobado en la Comisión de Trabajo evidencia una señal de apertura del Ejecutivo frente a las demandas parlamentarias y sindicales.

Al mismo tiempo, el debate revela la compleja situación que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en un escenario marcado por reformas laborales, reducción de jornada y mayores costos previsionales.

Desde el punto de vista económico, el Ejecutivo busca instalar una fórmula gradual que permita mantener la capacidad de compra sin generar impactos abruptos sobre el empleo formal ni sobre sectores productivos más vulnerables.

La discusión legislativa continuará ahora en el Congreso, donde el proyecto deberá enfrentar nuevas negociaciones políticas y técnicas antes de transformarse en ley definitiva.