Mientras la ciudadanía enfrenta listas de espera, inseguridad y pensiones bajas, el Estado paga miles de millones a campañas presidenciales por cada voto obtenido.
Mientras Chile aprieta el cinturón: políticos se forran con millones por cada voto
El voto convertido en moneda
En Chile, un país donde las listas de espera se extienden por años, la seguridad pública se deteriora, las pensiones siguen siendo insuficientes y miles de familias aguardan una vivienda digna, el financiamiento electoral vuelve a encender un debate tan incómodo como necesario.
Porque mientras la ciudadanía ajusta el presupuesto familiar, los candidatos presidenciales reciben miles de millones de pesos del Estado por concepto de reembolso por voto. No es una exageración retórica: son cifras concretas, legales y vigentes.
La pregunta es inevitable —y legítima—:
¿es razonable que la política pague cifras millonarias por cada sufragio mientras tantas necesidades sociales permanecen sin respuesta?
El voto convertido en moneda: cuánto recibe cada candidato
La Ley 19.884 establece un sistema de reembolso por voto calculado en UF. Su objetivo original fue equilibrar la competencia y prevenir el financiamiento ilegal. Sin embargo, con el tiempo, este mecanismo terminó convirtiéndose en una industria del gasto electoral.
A valores aproximados:
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Primera vuelta: 0,04 UF por voto → $1.585
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Segunda vuelta: 0,01 UF adicional → $396
Cada voto cuesta dinero al Estado. Y no poco.
Los millones que recibirá cada candidatura
Con el 90,15% de mesas escrutadas, los montos máximos proyectados alcanzan cifras que resultan difíciles de justificar socialmente:
- Franco Parisi: $3.720.598.493
- Jeannette Jara: $5.091.967.002
- Marco Enríquez-Ominami: $226.360.141
- Johannes Kaiser: $2.651.502.844
- José Antonio Kast: $4.575.131.933
- Eduardo Artés: $126.210.918
- Evelyn Matthei: $2.394.750.341
- Harold Mayne-Nicholls: $240.378.115
Y aún falta sumar la segunda vuelta, donde los finalistas continúan recibiendo reembolsos. El resultado es evidente: más millones, más gasto y mayor distancia entre la política y la realidad social.
El gran dilema ético: ¿democracia o negocio?
Mientras el país discute cómo financiar salud, seguridad, vivienda y pensiones dignas, el Estado desembolsa cifras exorbitantes en campañas políticas cuyo impacto ciudadano es, en muchos casos, marginal o inexistente.
Solo en esta elección, la suma total de reembolsos supera con holgura los 20 mil millones de pesos. Recursos suficientes para fortalecer hospitales, apoyar a adultos mayores, reforzar la seguridad pública o mejorar servicios esenciales.
Pero no.
Ese dinero se va a campañas.
A propaganda.
A consultoras.
A marketing político que dura semanas y se olvida al día siguiente.
Segunda vuelta: el negocio continúa
Aunque queden solo dos candidatos, el Estado sigue pagando por voto. El monto baja, pero el volumen de sufragios mantiene el reembolso final en cifras millonarias. Un sistema que, lejos de fortalecer la democracia, premia la maquinaria electoral.
Cómo evitar este abuso: propuestas y sugerencias
Chile debiera avanzar hacia una reforma profunda del modelo de financiamiento electoral:
- Tope fijo de financiamiento público, no por voto
- Eliminar el reembolso en segunda vuelta
- Sanciones reales y efectivas por gastos inflados o boletas falsas
- Campañas más cortas y austeras, con menos propaganda y más debate
- Redireccionar recursos a necesidades sociales prioritarias
La política debe ajustarse a la realidad del país, no vivir de espaldas a ella.
Conclusión
La democracia cuesta, sin duda.
Pero no puede transformarse en un negocio multimillonario para quienes compiten por el poder.
En un Chile marcado por la desigualdad, la inseguridad y la precariedad social, seguir gastando sumas escandalosas en reembolsos electorales no es solo un error técnico: es un abuso ético.
Si la política quiere recuperar legitimidad, debe partir por lo básico: austeridad, responsabilidad y coherencia con la realidad social del país.
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